La Unión Europea quiere prohibir los aditivos con aromas y sabores porque incitan al consumo. Los mentolados tienen además un efecto más nocivo.
Juanma Fernández | Fuente original: abc.es
Primero fueron los cigarrillos mentolados y ahora los que tienen aroma a vainilla, fresa, cacao o a piña colada. Europa y las autoridades sanitarias están librando una nueva batalla con las compañías tabacaleras para prohibir los aditivos con sabores,
su último gancho. «Los saborizantes dan una falsa sensación de que el
cigarrillo es más seguro, lo que acerca a la población joven a esta
adicción», explica Francisco Camarelles, médico y vicepresidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).
La prohibición de estos aditivos golosos se ha incluido en la nuevaDirectiva Europea de los Productos del Tabaco y
con ella se quiere reducir en un 2 por ciento el número de fumadores.
«Ya está en el Parlamento Europeo y si éste da el visto bueno, sólo
quedará el consentimiento del Consejo de Europa», señala Camarelles. La
citada legislación pretende aumentar a un 65 por ciento el espacio de la cajetilla ocupado por advertencias sanitarias, además de prohibir la comercialización del tabaco mentolado o con aditivos que le den distinto sabor.
«También queremos que se dejen de vender los cigarrillos
delgados o ‘slim’ porque su estética está destinada a la mujer, y los
estudios indican que ellas fuman más y que les está costando dejarlo más
que al hombre», aclara este especialista.
La batalla contra los cigarrillos mentolados se
debe a que «enmascaran el sabor real del tabaco y además las
tabacaleras aprovechan para añadirles más sustancias adictivas», comenta
Camarelles. «El mentol dilata más las vías respiratorias y, por tanto, su efecto es más nocivo», concluye.
Francisco Rodríguez Lozano, médico estomatólogo y presidente del CNPT, añade que la intención de todas estas medidas es «proteger a los jóvenes».
Rodríguez explica que, «al principio, el tabaco sabe muy mal y si lo
maquillan con sabores agradables hay más probabilidades de que los
jóvenes fumen». A ello añade que aspiran a «retrasar la edad de consumo
y, a ser posible, que no fumen nunca».
«Romper el equilibrio»
Las grandes tabacaleras, a través de la Mesa del Tabaco —entidad
que engloba a todos los miembros del sector—, consideran que la nueva
legislación es «totalmente desproporcionada». Afirman que el aumento del
espacio destinado a advertencias sanitarias supondrá «la desaparición
de marcas y logotipos en las cajetillas», lo que colocará este negocio en manos «de falsificadores y contrabandistas».
Además entienden que medidas como las de prohibir los cigarrillos
mentolados o saborizantes son «completamente subjetivas» porque lo que
pretenden es «que todos tengan el mismo sabor». Para las tabacaleras,
esto traería como resultado que el precio fuera «el único elemento para
competir», por lo que «caerían los precios y el producto sería más
accesible».
Reconocen que sabores «como la piña colada» podrían incitar
a los menores a fumar, y por ello están de acuerdo con que se regulen,
pero rechazan la misma acción en los mentolados. «Se supone que el
objetivo de la Directiva es desincentivar el consumo entre
los jóvenes, pero resulta que el tabaco mentolado es consumido de forma
preferente por personas de mayor edad», señalan. Tampoco entienden que
se quieran prohibir los «slim», pues entienden que los argumentos en los
que se basan «no tienen ninguna evidencia objetiva».
Comprenden que las autoridades quieran proteger la salud pública,
pero defienden que se ha de legislar «con evidencias científicas» para
no «romper el equilibrio». Recuerdan que el tabaco emplea a unas 56.000
personas en nuestro país y deja una contribución de 9.300 millones de
euros a las arcas públicas. «En esta situación de crisis económica,
debemos buscar también el mantenimiento de los puestos de trabajo y de riqueza que aporta este sector a España y Europa», sentencian.
Un plazo de dos años
Si se aprueba la nueva Directiva Europea de los Productos del Tabaco, el resultado será un mercado tabacalero uniforme en toda la Unión. «Tendrán dos años desde su aprobación para adaptarse a las nuevas medidas», explican desde el CNPT.
Un plazo que la industria estima «muy corto» tanto para
ella como para los propios países. Aunque aclaran que, más que el tiempo
de adaptación, lo que les preocupa es «la falta de consistencia y
evidencia de muchas de las medidas propuestas».
